Regularizar una vivienda significa darle validez legal a una construcción que no cumple con los requisitos urbanísticos. Este trámite evita complicaciones como sanciones, dificultades para vender, heredar o pedir hipotecas. Con la documentación adecuada y los pasos correctos, la propiedad queda reconocida oficialmente y sin problemas legales que afecten su uso.
Escritura de la vivienda
El documento clave para iniciar cualquier gestión de legalización es la escritura de propiedad. Este título demuestra quién es el propietario legítimo del terreno en el que se ha construido la vivienda. Sin este respaldo no se puede avanzar con el proceso de regularización. Si no se cuenta con ella inscrita en el Registro, es necesario acudir a un notario y presentar pruebas como contratos de compraventa, herencias o documentos que certifiquen la posesión del terreno.
Contar con una escritura inscrita de manera correcta en el Registro de la Propiedad representa el primer paso de todo trámite. La vivienda se considera parte del suelo donde se levanta, lo que significa que garantizar la seguridad legal sobre la parcela es un requisito previo para dar validez a lo edificado. De esta forma, la escritura asegura la base jurídica necesaria para continuar con cualquier gestión posterior.
Licencia urbanística
Uno de los pasos más complejos al poner en regla una vivienda ya terminada es obtener la licencia urbanística. Si la construcción se realizó sin permiso, es imprescindible verificar que respeta las disposiciones actuales relacionadas con el uso del suelo, la altura de los edificios, los márgenes de separación y la superficie edificable. Cada localidad cuenta con un plan propio que determina estas condiciones y marca lo que está autorizado.
Cuando se trata de edificaciones levantadas hace años, cabe la posibilidad de que puedan ajustarse a la normativa que existía en la época de su construcción. En esos casos, todo dependerá de lo que determine la administración local y de la flexibilidad de su normativa. Para avanzar en el trámite, es frecuente solicitar la colaboración de un arquitecto que emita un informe técnico. Ese documento certifica que, pese a no contar con autorización en su momento, la vivienda cumple con los parámetros exigidos y puede ser reconocida legalmente por las instituciones competentes.
Certificado de antigüedad
Uno de los documentos más solicitados es el certificado de antigüedad de obra. Este informe técnico demuestra cuántos años lleva construida la vivienda y puede resultar clave para beneficiarse de figuras legales como la prescripción urbanística. Muchos municipios aceptan la regularización de inmuebles cuando se demuestra que han transcurrido ciertos plazos sin que la administración haya abierto expediente sancionador.
El certificado de antigüedad de obra lo puedes conseguir fácilmente si te pones en contacto con los arquitectos de Arkespai, ellos se encargarán de todo para facilitar la documentación necesaria y asegurar que cumpla con las exigencias oficiales. Contar con profesionales especializados permite ahorrar tiempo y evitar errores en la presentación de este tipo de informes.
Este documento suele incluir planos, fotografías y referencias catastrales, con la fecha estimada de finalización de la construcción. Normalmente se acompaña de una firma colegiada y visado, lo que otorga validez oficial.
Certificado de habitabilidad
El certificado de habitabilidad, conocido en algunas regiones como cédula de habitabilidad, es un documento imprescindible para confirmar que una vivienda reúne los requisitos básicos para poder vivir en ella. Este informe es elaborado por un profesional autorizado, que se encarga de verificar que el inmueble cumple con criterios mínimos de comodidad, seguridad y salubridad.
Para obtenerlo, se evalúan distintos aspectos del inmueble, como la superficie habitable disponible, la altura de los techos y la correcta ventilación de los espacios. También se revisa que cuente con acceso a servicios esenciales como agua corriente, suministro eléctrico y un sistema adecuado de desagüe. Estos elementos garantizan que la vivienda ofrece condiciones apropiadas para la vida diaria y que cumple con la normativa vigente.
La ausencia de este certificado impide que la propiedad sea reconocida oficialmente como vivienda. Esto significa que no sería posible formalizar contratos de suministros básicos ni realizar ciertos trámites legales vinculados al uso residencial. En consecuencia, contar con este documento no solo es una obligación legal, sino también una garantía de que el inmueble está preparado para ofrecer un entorno seguro y saludable.
Certificado energético
Toda vivienda necesita contar con un certificado de eficiencia energética que acredite su nivel de consumo. Este documento refleja cuánta energía requiere el inmueble para funcionar y qué cantidad de emisiones de CO₂ genera. La información se plasma en una etiqueta con un sistema de colores y letras, que va desde la categoría A, la más eficiente, hasta la G, la menos favorable.
Para conseguir este certificado es necesario que un especialista visite la propiedad y realice una revisión completa. Durante esta evaluación se toman medidas y se estudian aspectos clave como el aislamiento, los sistemas de climatización y las características constructivas. Con esos datos se elabora un informe técnico que determina la calificación obtenida.
Cuando el certificado ya está redactado, debe presentarse ante el organismo autonómico encargado de su registro. A partir de ese trámite se emite la etiqueta oficial, la cual sirve como referencia para compradores, inquilinos o propietarios, ya que muestra de manera clara el nivel de eficiencia energética de la vivienda.
Referencia catastral
El Catastro es el registro donde se inscriben las propiedades y su situación real. Regularizar una vivienda consiste en verificar que esté incluida y que los datos que figuran sean correctos. Para ello se solicita la referencia catastral, un código único que identifica cada inmueble.
Si la información no refleja bien aspectos como superficie, metros construidos o distribución, se debe gestionar una modificación presentando planos y certificados técnicos. Este proceso es clave porque afecta al cálculo de tributos municipales como el IBI y también debe coincidir con lo inscrito en el Registro de la Propiedad.
Tasación
Para inscribir una vivienda de manera oficial, a veces se requiere un informe de valoración realizado por empresas autorizadas, que determina el precio estimado del inmueble y sirve para trámites como préstamos o herencias. Tener la propiedad regularizada permite que el valor refleje mejor su situación legal, haciendo la venta más atractiva.